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CAVARAGÓN El derecho de la ciudadanía a decidir

CAVARAGÓN El derecho de la ciudadanía a decidir

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El derecho de la ciudadanía a decidir

Apostamos por la solución pacífica y consensuada de los conflictos territoriales y colectivos, pero preservando la igualdad de toda la ciudadanía y de los territorios de España bajo el principio de la solidaridad  y la equidad

El cupo vasco y navarro son un ejemplo de federalismo asimétrico que no resulta viable extenderlo al resto del estado, pero que al mismo tiempo resulta difícil  de justificar su no aplicación a otros territorios

 

Pepe Polo, Presidente Cavaragón - Félix Moreno, Secretario Cavaragón

Según el filósofo existencialista Jean Paul Sartre, los seres humanos somos absolutamente libres, pero también tenemos una responsabilidad absoluta, sobre nosotros y sobre el mundo, por eso estamos condenados a ser libres y a ejercer la libertad con responsabilidad. Por tanto la libertad y sus consecuencias no solamente son un derecho de ser humano sino una obligación inherente a la existencia humana.

En los últimos tiempos, antes desde Euskadi, y recientemente desde Cataluña, el ejercicio de la libertad propia del ser humano se ha concretado en el derecho a decidir como colectivo sobre la pertenencia a un estado y a una nación. Pareciera desde esta visión política que este derecho a decidir de la ciudadanía se materializa exclusivamente sobre la cuestión de pertenecer a un estado u a otro. Pero la dimensión de la libertad del ser humano no puede reducirse a esos parámetros tan limitados.

¿Por qué solamente pueden los catalanes decidir sobre si la forma de estado ha de ser la república o la monarquía? ¿Por qué solamente ellos pueden decidir si organizarse colectivamente como nación propia y no los riojanos, los murcianos o los aragoneses y el resto de los pueblos de España que tienen identidad propia? En todo caso, todo ciudadano, viva donde viva, tiene derecho a decidir sobre su existencia, independientemente de que sea catalán o aragonés.

Rousseau en el siglo XVIII, poniendo las bases de la Revolución Francesa y en definitiva de las democracias liberales en las que vivimos, en su obra “El contrato social” justifica que el ser humano renuncie a su libertad natural originaria para someterse a las normas que le impone la sociedad con el objetivo de obtener la protección de la sociedad y del Estado. Este contrato social es el origen de las Constituciones democráticas y del Estado de Derecho.

Todo este basamento institucional está siendo puesto en cuestión por los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña, donde en base a un supuesto derecho de la ciudadanía a decidir su futuro colectivo se transgrede el “contrato social” suscrito por la ciudadanía en 1978, tras 40 años de dictadura, y materializado en la propia Constitución política que definió la forma de estado y la estructura territorial autonómica que viene a ser una especie de Estado Federal.

Asistimos desde la Confederación de Asociaciones Vecinales  de Aragón (CAVARAGON) con preocupación a estos acontecimientos y sobre todo a las consecuencias que se deriven. Desde distintos agentes políticos y sociales, se habla de diálogo, mediación y acuerdos e incluso parece que en el seno del Congreso de los Diputados se va a poner en marcha la reforma de la Constitución con el objeto de solucionar el tremendo reto político en el que nos encontramos.

Si en 1978, con diferencias, se decidió aplicar la política del “café para todos” en el diseño del estado autonómico, no se comprendería que ahora se generasen más agravios comparativos que los que ya ha dado lugar la complicada historia de este país. El cupo vasco y navarro son un ejemplo de federalismo asimétrico que no resulta viable extenderlo al resto del estado, pero que al mismo tiempo resulta difícil  de justificar su no aplicación a otros territorios.

Desde el movimiento vecinal aragonés, por tanto, apostamos por la solución pacífica y consensuada de los conflictos territoriales y colectivos, pero preservando la igualdad de toda la ciudadanía y de los territorios de España bajo el principio de la solidaridad  y la equidad.

No rechazamos una reforma de la Constitución de 1978 que tenga justificación en las demandas de la sociedad española actual. Pero no lo hagamos acuciados por imperativos coyunturales. Revisemos la forma de estado, república o monarquía, la organización territorial, los derechos sociales y económicos de la ciudadanía y tantas cosas. Reformas que satisfagan a todos, no solamente a unos pocos.

PUBLICADO en El Periódico de Aragón (17-10-2017)

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ILUSTRACIÓN: ÁNGEL LALINDE

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