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El Ayuntamiento pide un inventario de inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica, que deja de pagar 3,8 millones/año de lo que le correspondería por IBI

El Ayuntamiento pide un inventario de inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica, que deja de pagar 3,8 millones/año de lo que le correspondería por IBI

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El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado requerir al Colegio de Registradores de la Propiedad la colaboración necesaria para que se facilite al consistorio un inventario de todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica en la capital.

Según ha explicado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, en una rueda de prensa tras la reunión ordinaria del Gobierno de la ciudad, el ayuntamiento deja de percibir 3.800.000 euros anuales por parte de la Iglesia católica en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En concreto se trata de 2.766.000 euros por la exención de IBI por el concordato entre el Estado y la Santa Sede, además de 1.000.000 de euros derivados de la Ley de Fundaciones, ha detallado el consejero.

Datos desde 1978

El origen de esta petición de un inventario es una moción de Chunta Aragonesista aprobada en pleno en la que instaba al Gobierno de la ciudad a solicitar la información relativa a las inmatriculaciones desde la reforma del reglamento hipotecario en 1998 hasta la actualidad, para poder impulsar la recuperación de este patrimonio como bienes de titularidad pública.

Antes de esta fase, con el objetivo de identificar estos inmuebles, se va a solicitar una lista con los datos de identificación precisos de todos los bienes inmuebles ubicados en Zaragoza inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1978, que incluya la certificación catastral de la parcela y la delimitación geográfica de la finca.

Privilegio franquista

La Ley Hipotecaria establecía desde su aprobación inicial en 1946 la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia católica a través del llamado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar, un privilegio registral que ya ha desaparecido del ordenamiento.

Concretamente, a partir el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobada en 2015 que faculta para la inmatriculación sólo a las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, ha informado el Consistorio.

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