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SALUD Análisis y alternativas para la SALUD MENTAL EN ARAGÓN. DOCUMENTO.

SALUD Análisis y alternativas para la SALUD MENTAL EN ARAGÓN. DOCUMENTO.

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La Plataforma de Salud Mental de Aragón presentará el próximo martes, 6 de junio, a las 19,00 horas, en la sede de la FABZ (calle San Vicente de Paul, 26), el documento que ha elaborado sobre la atención a la salud mental en nuestra comunidad autónoma, y sus propuestas para tratar la penosa situación en que se encuentra. El documento está abierto al debate y las aportaciones de profesionales sanitarios, movimiento ciudadano, pacientes y familiares.

Entre otras cuestiones, la Plataforma denuncia las escasas iniciativas que se han adoptado en la actual legislatura para avanzar en la solución de los graves problemas que afectan a la atención de la salud mental, la no disminución de las listas de espera, la falta de equipos en los Centros de Salud Mental, las deficiencias en las Unidades de Salud ambulatorias, en la atención domiciliaria, en los Servicios de Rehabilitación, la saturación de las unidades de hospitalización de agudos, o la precariedad asistencial de la población infanto juvenil.

Asimismo destaca la Plataforma la importancia de crear espacios de participación para abordar los problemas y avanzar en la atención a la Salud Mental, a implicación de los ciudadanos, profesionales, pacientes y familiares en la toma de decisiones y en el diseño y evaluación de políticas públicas.

Y por encima de todo destacan que sus propuestas tienen como objetivo que las personas con enfermedad mental no se vean apartadas de la comunidad a la que pertenecen. "Hay que seguir luchando contra la institucionalización innecesaria y el desarraigo de ciudadanos que queremos  que sigan viviendo con nosotros y en su entorno".

 

 

Análisis y valoración de la situación actual de la atención a la salud mental en la comunidad autónoma de Aragón

La Plataforma de Salud Mental de Aragón, desde su creación en agosto de 2013, ha sido constante en la reivindicación y defensa de una asistencia de calidad en salud mental en nuestra comunidad autónoma.  Mantenemos un proceso continuo de observación respecto al estado de los dispositivos y recursos pero, sobre todo, queremos hacer hincapié en la forma en que se atiende a la población que requiere asistencia psicológica y psiquiátrica. Esto último no depende sólo de la cantidad de recursos, ni ha de quedar únicamente a criterio de los profesionales, sino que también es responsabilidad de la Administración definir las buenas prácticas y los modos de atención a los pacientes.

Próximo el ecuador de esta legislatura, que ha generado numerosas expectativas en este ámbito y en la que se ha expresado en los medios de comunicación en repetidas ocasiones la apuesta por ofrecer a la Salud Mental un puesto relevante, creemos oportuno realizar un análisis de la situación actual:

Por fin se ha acometido la tarea de iniciar la redacción del nuevo Plan de Salud Mental de Aragón, paralizado desde el Plan Estratégico 2002-2010. Entendemos que el necesario punto de partida, previo a cualquier intervención, debería haber sido el diagnóstico exhaustivo de nuestra realidad actual, dato imprescindible para la planificación y el adecuado aprovechamiento de los recursos.  Entendemos que esto entraña una evidente dificultad, dado que los sistemas de recogida de información y registro  están muy poco desarrollados.

Es muy importante disponer de una información fiable y unificada. Por tanto, consideramos imprescindible reforzar el sistema desde la base para que las tareas a realizar, que son numerosas,  no sean acciones aisladas y se efectúen desde una priorización justa que determine dónde han de llevarse a cabo las inversiones. En este sentido también pensamos y hemos manifestado en numerosas ocasiones, que no puede demorarse más el nombramiento de un Director de Salud Mental, dotado de la debida autoridad y también de la necesaria capacidad conciliadora que permita aunar esfuerzos y progresar en el largo trabajo que queda por hacer. Este es un compromiso que el partido del gobierno adquirió públicamente y que todavía queda pendiente.

Por otra parte, opinamos que la metodología utilizada en la confección del plan de salud mental revela precipitación en los plazos y en la obtención de la información. El Consejo Asesor, como órgano consultivo, tendría que haber participado activamente en la realización del Plan y no ser un mero receptor de información.  Las consultas a los diferentes agentes implicados se han llevado a cabo de forma desorganizada e instando siempre a la rapidez de respuesta, lo cual ha dificultado seriamente que hayan podido constituirse grupos de trabajo para estudiar el material disponible y complementarlo.

Hasta la fecha, se han tomado escasas iniciativas para que se produzca un adecuado avance en el funcionamiento de los servicios. Lo evidencia la no disminución de las listas de espera, la no mejora de equipos ni tiempos de atención en los Centros de Salud Mental y, como hemos señalado, la ausencia de una Dirección de Salud Mental con competencias ejecutivas para ordenar los servicios, establecer Programas de Continuidad de Cuidados y desarrollar una estructura territorial que garantice el acceso a la psicoterapia, la rehabilitación y la inserción sociolaboral de las personas con enfermedad mental grave. 

El Departamento de Sanidad ha sido prolijo en declaraciones y promesas emitidas en los medios o en las reuniones que ha convocado, pero lento en adoptar medidas de mejora asistencial. Sigue sin estar garantizada la continuidad en la atención, al depender ésta en buena parte de una adecuada coordinación de estructuras y recursos que no se ha llevado a efecto.

Es relevante la situación de las Unidades de Salud Mental ambulatorias, cuyos condicionamientos operativos dificultan la inclusión de la psicoterapia y del apoyo a las familias, así como la atención domiciliaria y la intervención en la comunidad. Es necesario establecer la prioridad de las personas afectas de un Trastorno Mental Grave (programa de Trastorno Mental Grave) y su entorno, con recursos suficientes para llevar a cabo su tratamiento. No obstante, no puede dejarse de lado otro tipo de trastornos, de menor gravedad pero de mayor frecuencia, que generan malestar significativo en las personas y podrían llegar a cronificarse. La intervención en estos casos es competencia de los servicios de salud mental en colaboración con Atención Primaria.  Los profesionales de salud mental también han de participar activamente en tareas de prevención y promoción. Esto nos conduce a la necesidad de rehacer las carteras de servicios y unificarlas para que la atención sea equitativa, con independencia de sectores y equipos que, sin duda, también debieran ser ampliados.

La situación de los Servicios de Rehabilitación es más grave, si cabe. Son servicios en extremo necesarios si se quiere abordar el proceso de recuperación, que afecta a todos los ámbitos de la vida de la persona y su entorno.  La multiplicidad de gestores, públicos o privados, la ausencia de criterios de territorialidad en su implantación, unido a la complejidad que ya conlleva la necesaria intervención de distintos ámbitos de la Administración, hace difícilmente valorable y controlable la adecuación de las intervenciones, cuando no su pertinencia. En la práctica, se ha renunciado a la responsabilidad de desarrollar el sector público y de constituir una sólida red de servicios de gestión propia.

La saturación de las unidades de hospitalización de agudos, paliada recientemente con la apertura de camas en el Hospital Militar, es un buen reflejo de las carencias de la red comunitaria y de la falta de dispositivos alternativos de eficacia comprobada a la hospitalización.  Esto se acompaña de situaciones que afectan muy directamente a la dignidad de los usuarios y genera aún más sobrecarga en las familias, tanto emocional como física.

En el caso de la población infanto-juvenil, la precariedad asistencial ha sido reconocida reiteradamente por la actual Dirección General de Asistencia Sanitaria. Particularmente desfavorecidos son los menores desprotegidos, los que sufren trastorno mental grave o que precisan ingresos por consumo, sistemáticamente derivados a otras comunidades autónomas.  En la práctica, no existe una red asistencial que soporte la complejidad de la atención que precisan los menores, con una sola Unidad de Corta Estancia en Aragón, sin Hospitales de Día ni Comunidades Terapéuticas, etc. Es apremiante la necesidad de unificar criterios y de establecer la debida coordinación interdisciplinar e interinstitucional.   No es este lugar apropiado para un análisis detallado, pero no olvidamos que las consecuencias de esta desatención se harán sentir en nuestra sociedad en un futuro no lejano.

Mención explícita merece la desatención que han sufrido tradicionalmente los Planes de Atención a Adicciones,  sin que hasta ahora se haya unificado su integración asistencial en la red de salud mental. Su Cartera de Servicios es poco clara y se mantiene la desigualdad en equipos, en  profesionales, en la distribución territorial, en la dependencia gestora  (coexisten unidades públicas y concertadas) y no disponen de criterios unificados de funcionamiento. Sólo existe cierta coordinación por la buena voluntad de los profesionales. Todo ello contribuye a perpetuar la inequidad en la atención: con trabas añadidas al quehacer de aquellos que ponen empeño en sus responsabilidades, la pérdida de recursos públicos indispensables (Comunidad Terapéutica, camas específicas para desintoxicación), la ausencia pertinaz de dispositivos propios de apoyo específico a los tratamientos de deshabituación y, además, no se han previsto plazas específicas para menores con drogadicción. 

PLANTEAMIENTOS DE LA PLATAFORMA

 1. Nos reafirmamos en la reivindicación inicial de esta Plataforma: que las personas sean asistidas en sus comunidades de referencia, tanto a nivel de Centros de Salud Mental, como de unidades de media y larga estancia, residencias, pisos, etc. En caso de desequilibrios en la red de recursos, reajústense las plazas, pero no reajustemos a los pacientes. Esto también forma parte de la lucha contra el estigma.

2. En nuestra opinión, es importante contrarrestar el progresivo debilitamiento del sector público como proveedor de servicios. En nuestra Comunidad Autónoma, la concertación de servicios afecta casi exclusivamente al campo de la Rehabilitación. Sería deseable al menos que, en adelante, el incremento de los recursos sea de gestión pública.

La Administración tiene la responsabilidad de integrar, controlar y coordinar, en las mismas condiciones y garantías que en la red pública, todos los servicios de los que dispone, incluidos aquellos que contrata y son gestionados por entidades privadas.

Demandamos la aplicación de criterios de acreditación que garanticen una adecuada cartera de servicios para cada dispositivo, postulándonos en contra de la concertación a mínimos.

3. Es evidente la necesidad de incrementar recursos en todos los ámbitos de la asistencia, pero es igualmente imprescindible optimizarlos y gestionarlos adecuadamente, estableciendo prioridades y atendiendo al principio de equidad. Reclamamos el tiempo como herramienta de trabajo y que la asistencia vaya unida a criterios de calidad, no dependiendo exclusivamente del método u opinión de cada profesional.  Es indispensable que se lleven a cabo las acciones necesarias para que las personas tengan acceso a los tratamientos, terapias y programas más novedosos y eficaces, que se están aplicando en otros países y comunidades con resultados excelentes (intervención específica en primeros episodios, alternativas a la hospitalización breve en dispositivos no medicalizados, etc.). En definitiva, estamos hablando de modos de atención para incrementar la calidad de la asistencia individual y grupal.

4. Es un objetivo imprescindible abordar en profundidad la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental, poniendo especial cuidado en situaciones de restricción de derechos: ingresos involuntarios, tratamientos coercitivos, sistemas de vigilancia, tutelas, incapacitaciones, etc.

5. Sería deseable que las asociaciones de familiares se dedicaran plenamente a la defensa de los derechos de los pacientes y sus familias, tanto a nivel reivindicativo como de representación ante los organismos oficiales (planificación, ordenación de recursos, exposición de necesidades, etc.), apoyando lo que el propio Plan de Salud Mental, actualmente en proceso de elaboración, recoge.

Consideramos que el compromiso en tareas asistenciales y de gestión de recursos sanitarios aleja a estas entidades de su función específica.

6. Reivindicamos nuevamente una Dirección de Salud Mental con competencias ejecutivas y con responsabilidades y una estructura de gestión que, en cada sector, esté liderada por un coordinador, contrarrestando la tendencia hospitalocéntrica que indefectiblemente se da cuando el liderazgo es exclusivamente hospitalario. Esta propuesta ya fue planteada por la Administración hace dos legislaturas, pero no ha sido desarrollada y se ha ido vaciando paulatinamente de las competencias recogidas en la orden inicial.

7. Solicitamos de nuevo que el Gobierno de Aragón reclame al Gobierno Central la derogación de la ley 15/1997, de 25 de abril,  sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Finalmente, queremos señalar la importancia de crear espacios de participación para abordar los problemas y avanzar en la atención a la Salud Mental, aplicando la democracia deliberativa. La implicación de los ciudadanos, profesionales, pacientes y familiares en la toma de decisiones y en el diseño y evaluación de políticas públicas es un activo que no puede perderse.

A riesgo de que, por exceso de uso, puedan terminar pervertidas como eslóganes nuestras palabras, insistimos en que todos los puntos que planteamos tienen como objetivo que las personas con enfermedad mental no se vean apartadas de la comunidad a la que pertenecen. Hay que seguir luchando contra la institucionalización innecesaria y el desarraigo de ciudadanos que queremos  que sigan viviendo con nosotros y en su entorno.

ILUSTRACIÓN ÁNGEL LALINDE http://surfuroestudio.blogspot.com.es/

 

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