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Como primera acción contra el cobro del abusivo Impuesto de Contaminación de Aguas, cuyos recibos se están recibiendo estos días, la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) anima a todos los zaragozanos a presentar RECURSOS DE REPOSICIÓN contra estos recibos que envía el Instituto Aragonés del Agua

Es una acción gratuita, amparada por la Ley General Tributaria, que asegura, si el recurso es finalmente estimado, que los reclamantes tendrán derecho a la devolución de las cantidades pagadas

El impreso del RECURSO -que pueden descargarse abajo- será recogido por todas las entidades ciudadanas que forman la RAPA. En la Federación de Barrios, San Vicente de Paul, 26, podrán hacerlo en horario de 10 a 14 horas, y de 17,30 a 21,30 horas (excepto viernes tardes). También se ha habilitado el teléfono 876 64 70 68, en horario  de mañanas, para informar de la campaña

AV. Las Fuentes, c/ Gascón y Marín, 5, de lunes a jueves de 17,30 a 19,30; viernes de 10 a 12 horas

En AV. La Paz, c/ Oviedo 181, lunes de 18,30 a 20,30 horas

En AV. San José, c/ Ventura Rodríguez 12-14, de 9 a 13 y de 16,30 a 20 horas

En AV. Venecia, c/ Granada, 43, lunes de 19 a 21 horas

 

Un impuesto injusto y abusivo para pagar los desfases presupuestarios de un Plan de depuración, desproporcionado e ineficaz, que solo beneficia a los intereses privados

Con dos procesos judiciales abiertos por el Ayuntamiento contra el ICA, pendiente el Instituto Aragonés del Agua (IAA) de su disolución y de una Comisión de Investigación Parlamentaria tras un demoledor informe de la Cámara de Cuentas (CC) y, a pesar del reciente reconocimiento del presidente Lambán de estar dispuesto a "replantearlo", la DGA va a cobrar el ICA a la población zaragozana.

El ICA es la herramienta del Gobierno de Aragón para financiar el PLAN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN (en adelante, Plan). Dicho Plan pretende depurar las aguas residuales del 28% de la población aragonesa que, en 2001, carecía este servicio. Ha resultado tener un coste doble que el de la media española.

La DGA optó por el método concesional. La Cámara de Cuentas de Aragón  ya lo cuestionaba  en 2011 y, en su reciente informe, señala que el coste de construcción de las depuradoras (EDAR) es casi triple por concesión que por gestión directa y casi cuádruple el coste de explotación (el IAA hubiera contado con financiación estatal con otro tipo de contrato). Las EDARs construidas usan innecesariamente tecnologías de depuración muy costosas en instalaciones sobredimensionadas. La recaudación del ICA en la mayoría de las 11 zonas de depuración no  supera el 30% de sus costes de construcción y explotación.

Se ha generado así un enorme déficit que se pretende compensar con la recaudación del ICA a todos los aragoneses. Cubrir esa deuda desproporcionada no es solidario, sino abusivo. Además, Zaragoza necesita ya millones de euros para su propia depuración. La Cámara de Cuentas estima que el Plan gastará 3.209 millones de euros en el periodo 2014-2045. Para recaudar esa cantidad, las tarifas deberán crecer a un ritmo de un 3,7% anual, lo cual supone recaudar en Zaragoza casi 543 millones de euros. Sin éstos, la insostenibilidad del disparatado Plan se pondría en evidencia.

A pesar de su nombre, el ICA no es un impuesto pues no se cobra en función de la capacidad económica personal. Es una tasa por la prestación del servicio de agua (abastecimiento saneamiento y depuración). Vulnera la ley al cobrar varias veces por el mismo servicio, ya pagado en las tasas municipales. Está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional que el 14/6/16 admitió a trámite el recurso del Ayuntamiento de Zaragoza contra el pago del ICA por suponer doble tributación e invadir competencias municipales y otro ante el Tribunal Superior de Aragón.

Tampoco es un impuesto "ambiental", porque su tarifa no favorece el ahorro de agua (consta de una parte fija desproporcionadamente alta y una variable sin tramos progresivos), bonifica a localidades que no tienen depuradora y exime a la agricultura, ganadería, etc. Es decir, tiene un mero afán recaudatorio.

 

Ante esta situación, no podemos dejar que nos apliquen una tarifa (que cada año va a ser mayor que la anterior) para sufragar un Plan desproporcionado e ineficiente que debería revisarse antes de exigirnos más esfuerzo.

Por eso animamos a PRESENTAR un RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL RECIBO que el Instituto Aragonés del Agua nos envíe. Es una acción gratuita, amparada por la Ley General Tributaria y asegura que, si el recurso es finalmente estimado por la autoridad competente, todos los reclamantes podrían tener derecho a que se les devolvieran las cantidades pagadas.

VER RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

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La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha reclamado a la Diputación General de Aragón y al Instituto Aragonés del Agua los documentos y expedientes relacionados con la adjudicación del contrato de gestión de cobro del ICA por la empresa Servicios de Colaboración Integral

Asimismo la FABZ pide a dichas entidades los requisitos y condicionantes que debería conllevar esta adjudicación, así como los convenios de cesión de datos de carácter personal que legalmente se exigen en este tipo de servicios. Todo ello en aras conseguir la información necesaria para comprobar que dicho procedimiento administrativo cumple con la normativa y con la legislación de protección de datos de carácter personal.

En la reclamación presentada por la FABZ se señala que el contrato adjudicado a la empresa SCI (Servicios de Colaboración Integral) tiene como último objetivo la gestión del cobro del denominado ICA. La empresa tiene entre sus cometidos girar la totalidad de los recibos para los municipios de Aragón que están dentro del sistema, un total de 750.000 recibos, sin Zaragoza, y más de 2 millones con ella. Sus ingresos anuales con este contrato serían de 1,15 millones de euros "si logra recaudar el cien por cien de este tributo", es decir, 44 millones de euros -sin contar la capital aragonesa- que irán directamente a las arcas del IAA.

Para la FABZ, un servicio tan importante para nuestra Comunidad debe ser controlado y fiscalizado en todos sus términos por los organismos competentes, así como todo ciudadano tiene derecho de acceso a la información del Expediente Administrativo que habilita para ello en aras de garantizar la legalidad vigente en base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

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Organizaciones sociales denuncian la CORRUPCIÓN AMBIENTAL del gobierno Rajoy con los lobbies empresariales de la telefonía y las eléctricas en detrimento de la Salud Pública y el Principio de Precaución.

 

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) y la asociación Electro y Química por el Derecho a la Salud (EQSDS), han publicado el siguiente comunicado con motivo del Día Internacional contra la contaminación electromagnética:

La Administración del PP, a través del Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital, presentó en abril un informe del llamado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), auspiciado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), con gran difusión en los medios, que ningunea los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos en la salud y las recomendaciones institucionales proteccionistas.

Desde el ámbito social (vecinal, ecologista, de consumidores, de la salud, de personas afectadas, de madres y padres…), la PECCEM y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud, reclaman prudencia y rigor a los agentes sociales y medios de comunicación en la difusión de un informe sesgado sin consenso internacional y con notables y constatables incongruencias:

1.- La apuesta del Gobierno del PP a través del Ministerio de Energía por el CCARS, comité dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), es una apuesta por una organización opaca privada, sesgada por un criterio lobista empresarial, sin el más mínimo control ético ni de legalidad democrática.

El COIT, editor del informe del CCARS, no tiene como objetivo estatutario la defensa de la salud, sino sus intereses gremiales y, por extensión, de los lobbies empresariales relacionados.

El CCARS NO figura entre los Organismo Públicos de Investigación regulados por la Ley, ni cumple con requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.

El Ministerio de Energía, invade las competencias de coordinación en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad (y de las CC. Autónomas), sobre el “impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”, como la aplicación del Principio de Precaución, que contempla limitar o prohibir una actividad “cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo”.

2.- El informe del CCARS niega y banaliza miles de estudios científicos, revisados entre pares, acreditados en esta materia, desdeñando las llamadas al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y mostrando una urgencia desmesurada por zanjar un tema que sigue acumulando nuevas evidencias científicas. La desinformación del informe del CCARS impulsado por el COIT, manifiesta el conflicto de interés a favor de intereses industriales cortoplacistas, que allanan el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles a partir del CABLE y el LIFI.

 Asociaciones que representan a miles de médicos y más de 17 agencias gubernamentales de salud apoyan la reducción de la exposición a la radiación inalámbrica del teléfono móvil. Diferentes países europeos ya aplican alguna de las medidas proteccionistas solicitadas por la Resolución 1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, como prohibir las redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles (Francia, Chipre, y municipios como Hospitalet de Llobregat), o implantar sistemas de comunicación con luz visible, LIFI, como la instalada en el Hospital francés de Perpiñán.

La PECCEM y EQSDS requieren al Gobierno central y sus ministerios implicados que dejen de avalar actos y organizaciones de interés de parte, que vulneran ética y legalidad, y dar comienzo a un proceso participativo de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y salud.

 

(La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) se compone de Confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales (como CEAV, FRAVM, CAVA,...), colectivos ecologistas y ambientalistas (como los más de 300 grupos que componen la confederación de Ecologistas en Acción u organizaciones de implantación local como la APDR), asociaciones de padres y madres, de consumidores (como FACUA de Castilla y León), de personas afectadas de síndromes de sensibilización central como la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple (como EQSDS y SOS EHS-EASC) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la salud de la creciente contaminación electromagnética, como la asociación pionera AVAATE)

La Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) aclara en el siguiente comunicado algunas informaciones sobre el ICA que interesadamente se están difundiendo para para confundir a la opinión pública y justificar el pago de impuesto abusivo e injusto

1ª¿El ICA es un impuesto de reciente creación?

Efectivamente, el ICA es un impuesto que se paga en Aragón desde hace 15 años, pero se olvida que Zaragoza viene pagando la depuración de sus aguas residuales desde 1993 sin ningún tipo de subvención.

2º ¿Pagan los zaragozanos más que el resto?

La bonificación del 70% solo se aplica al año 2016.  A partir de 2017 la bonificación será del 60%.  Teniendo en cuenta que las tarifas de Zaragoza tienen una estructura distinta que las tarifas del ICA, ningún zaragozano va a pagar lo mismo  que su vecino, ni tampoco lo mismo que el resto de habitantes de Aragón.  Esa “bonificación” es una manera de intentar ocultar una doble imposición: pagar dos veces por lo mismo.

3º ¿Zaragoza ha pagado ya su depuradora?

Zaragoza acabó de pagar la depuradora de La Cartuja en 2013, pero tras 24 años en funcionamiento, requiere inversiones millonarias para su mantenimiento.  Todos los zaragozanos pagan la depuración de sus vertidos y por eso la ley que regula el impuesto ya preveía que la incorporación de Zaragoza al ICA se haría mediante un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón.

4º ¿Por qué no es un impuesto solidario?

No es solidario exigir a los aragoneses que paguen uno de los impuestos más gravosos de España para cubrir los desproporcionados costes del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) y asegurar los ingresos de las empresas adjudicatarias.

Ser solidario consiste en exigir que la depuración se realice al menor coste posible para hacer un buen uso de los recursos públicos y que todos los aragoneses paguen solo lo necesario.  Baste decir que según la auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón, las depuradoras construidas y gestionadas según el modelo de concesión de obra pública encarecen más de 2,5 veces sus costes.

5º ¿Qué sucede en otras CC.AA?

Castilla-León, en la Ley12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua, Capítulo III, artº 47 a 53, regula el “Canon de depuración” con la peculiaridad de que a quien se le giran los recibos es a las entidades locales y no a los ciudadanos.

En Extremadura, por ejemplo, la Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de Medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas, exime de pago los 2 primeros metros cúbicos por vivienda y mes y establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra de los hogares.

6º ¿Tiene un coste elevado?

La economía de los ciudadanos no puede permitirse pagar dos veces por lo mismo.  Quizá para el Consejero sea poco dinero, pero para una familia zaragozana estos recibos representan, como mínimo, un 25% de incremento de lo que viene pagando por el saneamiento de sus vertidos.

Además, el ICA tiene una cuota fija muy alta (5€/mes, cuando todo el ciclo del agua en Zaragoza supone 3€/mes), que obliga a pagar aunque no se consuma.

7º ¿Qué pasa si no depuramos el agua?

Hay que depurar para que dispongamos de un medio ambiente sano.  Habría que preguntarle al Instituto Aragonés del Agua por qué no se depuran las cabeceras de los ríos pirenaicos cuando el Mº de Medio Ambiente ha dado a la D.G.A. 142 millones de euros para financiar las infraestructuras de depuración, a través de un Convenio de Colaboración.

8º ¿Habrá acumulación de los recibos?

La obligación legal de pago del ICA para Zaragoza se introdujo mediante una modificación legislativa que entró en vigor en febrero de 2016.  A partir de ese momento se tuvieron que poner en marcha los mecanismos administrativos para que la información a transferir por el Ayuntamiento de Zaragoza al IAA fuera veraz, fiable y contrastada.  No puede pretenderse que, porque lo diga la ley, se pueda cumplir instantáneamente.  La falta de voluntad negociadora del Gobierno de Aragón es la que ha provocado esta situación.

9º ¿Quién está exento del pago?

La Ley 10/2014, de Aguas y Ríos de Aragón, prevé otras muchas exenciones al ICA para beneficiarios de distintas ayudas sociales, además de los perceptores del IAI.  No nos consta que el IAA se haya dirigido a esos ciudadanos para informarles del derecho que les asiste.

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Por Maribel Torrecilla Daniel.  Red de Agua Pública de Aragón

            La Cámara de Cuentas de Aragón (CC) ha hecho público su informe de Fiscalización del ejercicio 2015 del Instituto Aragonés del Agua (IAA).  En el apartado de gestión,  la CC fiscaliza el Plan Aragonés de Saneamiento y depuración (PASD). Aunque la  auditoría no alcanza nuestras expectativas (todo el PASD y todo el periodo de funcionamiento del IAA), la Cámara de Cuentas  extiende  alguno de sus  análisis a periodos anteriores y posteriores al año en el que centra su estudio.

            Desde 2004 el Gobierno Aragonés, en vez de contratar directamente las obras con fondos públicos,  optó por el método concesional en que una empresa financia, construye y gestiona durante 20 años la infraestructura. La CC entra a valorar qué influencia tiene este tipo de contrato, en qué medida se han cumplido los objetivos marcados en el Plan  y si es viable o no en el futuro planificado en el borrador de la revisión actual del Plan  (2014-2045).

            Lo que dice la CC es grave: "A la CC no le consta que el IAA haya realizado análisis de comparación de eficacia entre la gestión directa y la concesional",  sobre todo si, además, constata que el coste de construcción es casi el triple por concesión que por gestión directa y casi cuádruple el coste de explotación. Y más aún si en el informe de la CC sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2011 ya se cuestionaba el modelo de concesión seguido para la ejecución de las obras encomendadas por el Estado para las que el IAA contaba con la financiación estatal.

            El método concesional ha resultado decisivo para incumplir los compromisos. Ninguna de las 120 depuradoras en funcionamiento por concesión se terminó en los plazos previstos en los contratos. En tres zonas existe incumplimiento de contratos por parte de los concesionarios cuyos perjuicios no han sido debidamente reclamados por parte del IAA. El Pirineo acumula importantes retrasos e incidencias en su ejecución y al final de 2015 sólo se habían puesto en servicio 20 de las 297 plantas previstas. Al sistema de gestión concesional es imputable un sobrecoste estimado de 5,16 millones de euros (M€)  en el ejercicio analizado (2015).

            De las 1000 depuradoras previstas en el Plan, sólo 296 localidades tienen sus aguas residuales depuradas en 2015.  Los objetivos están claramente incumplidos.

            Respecto a la sostenibilidad económica,  la CC constata que, si Zaragoza no se incorpora al pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), el PASD será deficitario, al menos, en la cantidad que supone su importe.

             Por otra parte, durante los años 2008-16, la Comunidad Autónoma (CA) ha recibido fondos estatales por importe de  unos 142 M€ . De estos ingresos, las cantidades dedicadas a saneamiento ascienden a 28 M€.  La aportación del Estado está condicionada a la completa ejecución por  parte de la CA, y con cargo a sus recursos propios, de las obras del Pirineo y del Plan Especial de Depuración antes del fin de 2016. Existe riesgo de tener que  reintegrar cantidades abonadas por el Estado debido al incumplimiento del convenio.

            Por último, no se consideran otros gastos como la amortización de las instalaciones, el gasto anual de gestión del IAA (que la CC considera imputables al PASD) o los gastos de depuración en Zaragoza capital (dado que sí se considera su aportación). 

            La sostenibilidad económica es, pues,  más que dudosa.

            El informe destaca también el sobredimensionamiento de las instalaciones, y aspectos de falta de legalidad como la inexistencia de certificaciones de obra o el pago de indemnizaciones no justificadas.  

            En el apartado de contabilidad se enumeran 21 incorrecciones contables. Citaré sólo una de ellas:   Las 4 centrales de purines no pueden figurar en la contabilidad como "gestionadas para otros entes públicos" porque  son del IAA. No han empezado a funcionar. Dos de ellas presentan incrementos de  construcción de 60% y 76%. Los 28 M€ de esta inversión no productiva, se han financiado con recursos estatales del Convenio Ministerio-DGA de 2008-

            En el apartado relacionado con  el control de la Legalidad se destacan 17 incumplimientos legales. Por ejemplo:

            En las mesas de los contratos analizados no estuvieron presentes, ni siquiera el mínimo legal: Presidente, Secretario y los dos vocales de asesoramiento: jurídico y control económico. 17 contratos de emergencia analizados deberían haber seguido la tramitación ordinaria y no la de emergencia con adjudicación directa del contrato.  SARGA factura al IAA sin detallar los costes. La Cámara de Cuentas ha analizado la contabilidad de SARGA  comprobando que gastó hasta un 45,9% menos de lo cobrado al IAA.

            El Informe concluye con  una recomendación que más bien parece una reprimenda.

"La CC recomienda al Gobierno Aragón que, antes de acometer la ejecución de grandes planes y proyectos (como el PASD) realicen  los estudios, análisis y evaluaciones previas suficientes  (antes de la licitación)  sobre las ventajas e inconvenientes jurídicos, económicos, administrativos y de gestión de las distintas alternativas contractuales disponibles para su desarrollo.  Cuando el modelo elegido para el desarrollo de estos grandes programas de inversión suponga formalizar contratos de muy larga duración (veinte o más más años) que condicionen el margen presupuestario y la capacidad de decidir sobre el modelo de gestión de futuros gobiernos, también se recomienda implantar un mayor control de las Cortes de Aragón".

Ante el cúmulo de incorrecciones  contables, de legalidad y de gestión alumbradas en un año como el 2015, de baja actividad presupuestaria, es absolutamente necesario que la  comisión de investigación en las Cortes amplíe el estudio a la gestión de todo  el PASD y a todo el periodo de existencia del IAA, de forma que puedan depurarse responsabilidades por el fracaso económico y daño medioambiental. A la Fiscalía corresponderá  el trabajo de actuar si, en el transcurso de esa investigación, aparecen indicios de conductas y hechos que queden en su ámbito de actuación.

Desde la Red de Agua Pública de Aragón esperamos que se exijan las responsabilidades y penalizaciones previstas en los contratos de concesión en los casos de incumplimiento de contrato (como recomienda la propia CC), que se elabore un nuevo Plan que cambie radicalmente el modelo de contratación, que estudie la posibilidad de utilizar técnicas de depuración más eficientes, que fomente la participación responsable de los Ayuntamientos, que devuelva las competencias a los municipios que lo soliciten, que estudie la posibilidad  de rescatar la gestión concesional y, sobre todo, que establezca otro modelo más justo que el actual para financiar la depuración del agua, derecho humano vital.

Juan Carlos Crespo, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA)

Estos días en los barrios de San José, Torrero y Las Fuentes estamos recibiendo una carta de la Directora del Instituto Aragonés del Agua avanzado que próximamente facturarán el Impuesto sobre la Contaminación de la Aguas (ICA). En cifras redondas 40 euros por vivienda y año, que progresivamente se extenderá a toda Zaragoza.

Conviene recordar ciertos hechos para comprender por qué el Gobierno de Aragón nos  gira este nuevo “impuesto”.

En 1993 el alcalde García Triviño inaugura la depuradora de La Cartuja, construida y gestionada por la multinacional francesa Générale des Eaux, donde el muñidor Didac Fábregas, que aparece en los papeles de Panamá, cobra un papel más que relevante. Una infraestructura de 22.000 millones de pesetas que aún está pagando el Ayuntamiento, sin ayuda externa alguna, con un sobrecoste auditado del 30%. Posteriormente la sociedad pública municipal Ecociudad Zaragoza gestiona y cobra el canon de saneamiento y depuración por la producción de aguas residuales, evidenciado a través del consumo.

Una década después el Consejero regionalista de Medio Ambiente, Alfredo Boné, definía su Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración como “la mayor inversión ambiental jamás realizada en Aragón y una de las más ambiciosas de toda Europa, todo un revulsivo para el futuro de la economía aragonesa, ya que el gasto de 1.062 millones de euros tendrá un impacto directo de 620 millones en el territorio y creará 18.691 empleos en los próximos 20 años”.

De modo más prosaico, un reciente informe de la Cámara de Cuentas cifra la construcción de infraestructuras del Plan entre 1998-2025 en 505 millones de euros, con unos gastos de gestión y explotación de 693 millones para el mismo período. El informe cuestiona la sobredimensión del Plan, apuntando literalmente que “los déficits no se podrán cubrir si no se incorporan al sistema los ingresos de los contribuyentes del municipio de Zaragoza”. En blanco y en botella: gravando a los zaragozanos y zaragozanas con el ICA, pese a haberse costeado su propia depuradora.

Tal vez por ello, a finales de 2012, Fernando Gimeno, entonces Vicealcalde de Zaragoza y actual Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, calificaba como “expolio” el cobro a la ciudad de Zaragoza del canon de saneamiento en 2013.

Como expolio puede calificarse que la Administración Autonómica facture un impuesto sin instalar depuradoras en el Pirineo, aún recibiendo fondos “finalistas” en cumplimiento de  la Directiva Comunitaria 2000/60/CE. O que la Confederación Hidrográfica del Ebro (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) instruya expedientes sancionadores contra una veintena de ayuntamientos del Pirineo aragonés por verter sus aguas residuales sin depurar, cuando el propio Ministerio es competente en la construcción y financiación de las depuradoras.

De aquellos polvos de los señores Triviño y Boné, estos lodos; lodos como el pago del ICA, pueblos aragoneses sin depuración y, donde la hay, con costes exorbitados Pero, también, lodos que tienen fácil tratamiento: la derogación por nuestros representantes electos  en las Cortes de Aragón de las normas que amparan el ICA; y la aplicación, por parte de la DGA de políticas medioambientales eficientes y sostenibles.

Quien contamina debe pagar, como deberían pagar los malos gestores y sus “entornos”. Pero por el momento del cobro que anuncia la Directora del Instituto Aragonés del Agua solo seremos paganos los vecinos y vecinas de Zaragoza, como ya lo han sido otra parte de la ciudadanía de nuestra Comunidad. Reflexionen.

 

ILUSTRACIÓN: CHEFO

Mil zaragozanos medirán desde sus casas la calidad del aire de diferentes barrios de la ciudad, para lo que colocarán macetas con plantas de fresas en sus ventanas, en una iniciativa denominada Vigilantes del Cierzo, un experimento de ciencia ciudadana puesto en marcha por la Fundación Ibercivis y el Ayuntamiento a través de Zaragoza Activa.

Para ello, se han regalado mil plantas a todos los interesados en Zaragoza Activa, en La Azucarera, han indicado fuentes municipales.

Además de la planta se les han entregado las instrucciones a seguir, un sobre franqueado prepagado y un cuestionario a rellenar para tener información sobre cada muestra.

Las hojas, indicativo de contaminación

Una vez recogidos estos materiales, solamente es necesario colocar las fresas en el exterior de la vivienda durante unos dos o tres meses y cuidarlas durante este tiempo.

Cuando los organizadores avisen, cada participante recortará unas hojas de la planta que serán enviadas por correo a Ibercivis para que se analicen en el laboratorio magnéticamente.

Viendo la cantidad de metales que se han depositado durante el tiempo de exposición en cada hoja se puede saber la contaminación de cada punto, y al tener unas mil macetas repartidas por toda la ciudad se conseguirá un estudio agregado más sobre la calidad del aire de la ciudad.

Ecología urbana

Vigilantes del Cierzo busca deliberadamente trabajar de forma distinta para complementar los estudios existentes desde la innovación ciudadana.

Además, una veintena de centros educativos de la ciudad repartirán macetas entre sus alumnos.

Con este proyecto de Vigilantes del Cierzo nace un nuevo grupo de trabajo residente en Zaragoza Activa sobre Ecología Urbana que será coordinado por Ibercivis, abierto a quien quiera plantear o llevar a cabo nuevas actuaciones en esta línea.

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