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Juan Carlos Crespo, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA)

Estos días en los barrios de San José, Torrero y Las Fuentes estamos recibiendo una carta de la Directora del Instituto Aragonés del Agua avanzado que próximamente facturarán el Impuesto sobre la Contaminación de la Aguas (ICA). En cifras redondas 40 euros por vivienda y año, que progresivamente se extenderá a toda Zaragoza.

Conviene recordar ciertos hechos para comprender por qué el Gobierno de Aragón nos  gira este nuevo “impuesto”.

En 1993 el alcalde García Triviño inaugura la depuradora de La Cartuja, construida y gestionada por la multinacional francesa Générale des Eaux, donde el muñidor Didac Fábregas, que aparece en los papeles de Panamá, cobra un papel más que relevante. Una infraestructura de 22.000 millones de pesetas que aún está pagando el Ayuntamiento, sin ayuda externa alguna, con un sobrecoste auditado del 30%. Posteriormente la sociedad pública municipal Ecociudad Zaragoza gestiona y cobra el canon de saneamiento y depuración por la producción de aguas residuales, evidenciado a través del consumo.

Una década después el Consejero regionalista de Medio Ambiente, Alfredo Boné, definía su Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración como “la mayor inversión ambiental jamás realizada en Aragón y una de las más ambiciosas de toda Europa, todo un revulsivo para el futuro de la economía aragonesa, ya que el gasto de 1.062 millones de euros tendrá un impacto directo de 620 millones en el territorio y creará 18.691 empleos en los próximos 20 años”.

De modo más prosaico, un reciente informe de la Cámara de Cuentas cifra la construcción de infraestructuras del Plan entre 1998-2025 en 505 millones de euros, con unos gastos de gestión y explotación de 693 millones para el mismo período. El informe cuestiona la sobredimensión del Plan, apuntando literalmente que “los déficits no se podrán cubrir si no se incorporan al sistema los ingresos de los contribuyentes del municipio de Zaragoza”. En blanco y en botella: gravando a los zaragozanos y zaragozanas con el ICA, pese a haberse costeado su propia depuradora.

Tal vez por ello, a finales de 2012, Fernando Gimeno, entonces Vicealcalde de Zaragoza y actual Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, calificaba como “expolio” el cobro a la ciudad de Zaragoza del canon de saneamiento en 2013.

Como expolio puede calificarse que la Administración Autonómica facture un impuesto sin instalar depuradoras en el Pirineo, aún recibiendo fondos “finalistas” en cumplimiento de  la Directiva Comunitaria 2000/60/CE. O que la Confederación Hidrográfica del Ebro (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) instruya expedientes sancionadores contra una veintena de ayuntamientos del Pirineo aragonés por verter sus aguas residuales sin depurar, cuando el propio Ministerio es competente en la construcción y financiación de las depuradoras.

De aquellos polvos de los señores Triviño y Boné, estos lodos; lodos como el pago del ICA, pueblos aragoneses sin depuración y, donde la hay, con costes exorbitados Pero, también, lodos que tienen fácil tratamiento: la derogación por nuestros representantes electos  en las Cortes de Aragón de las normas que amparan el ICA; y la aplicación, por parte de la DGA de políticas medioambientales eficientes y sostenibles.

Quien contamina debe pagar, como deberían pagar los malos gestores y sus “entornos”. Pero por el momento del cobro que anuncia la Directora del Instituto Aragonés del Agua solo seremos paganos los vecinos y vecinas de Zaragoza, como ya lo han sido otra parte de la ciudadanía de nuestra Comunidad. Reflexionen.

 

ILUSTRACIÓN: CHEFO

Por JULIÁN EZQUERRA y CHARO GIMÉNEZCOAGRET. (publicado en Arainfo, 5 junio, 2017)

 

Una cosa es ser solidarios y otra muy distinta es ser tontos. Los timadores de traje y corbata de España, pero sobre todo de Aragón, saben que en Zaragoza somos tontos y nos han colado el timo de la estampita, el del tocomocho, el del carrito del supermercado y todos los demás.

El último timo que nos quieren hacer pagar es el del impuesto de contaminación de las aguas del Gobierno de Aragón. El Tribunal de cuentas acaba de decir que los Planes de depuración de Aragón son caros (carísimos) y que solo funcionarían si los zaragozanos pagamos. Con esta premisa el señor Boné, más chulo que un ocho, dijo que él iba a depurar el agua de todos los pueblos de Aragón, aunque no viviera nadie, y diseñó el Plan más caro que se le ocurrió. Para financiarlo se inventó un impuesto de depuración, llamado luego de contaminación (¡aunque signifique lo contrario!) y así estamos obligados a pagar todos los aragoneses. Que en Zaragoza nos hayamos pagado nuestras depuradoras sin la ayuda de nadie, y que nos estemos pagando nuestra depuración del agua no les afecta. Al señor consejero Olona ni se le pasa por la cabeza devolver a Zaragoza lo que ya nos gastamos en depuración ni pagar con ese impuesto todas las inversiones que tenemos que hacer (renovar alcantarillado, arreglar la Depuradora de la Cartuja, regulación de aguas pluviales…). Todo el mundo da por sentado que Zaragoza pague su depuración y… la mitad de la de los demás.

¡La guinda del pastel es que está previsto que el impuesto de “contaminación” crezca un 5% cada año!

Pero no penséis que ésta es la primera vez que nos timan en temas de agua.

Nos vendieron que Zaragoza bebía la peor agua del mundo y que necesitaba beber agua del Pirineo, y para ello era necesario recrecer el embalse de Yesa, hacer el embalse de La Loteta junto al Ebro y una tubería que conectara todo con la potabilizadora de Casablanca. Ahora efectivamente bebemos agua del río Aragón; el recrecimiento del embalse de Yesa no se ha hecho y no lo necesitemos en absoluto; La Loteta sí se hizo pero no lo usamos ni lo usaremos porque sus aguas son peores que las del Canal Imperial y las del Ebro. El recrecimiento de Yesa hasta hoy ha multiplicado por 5 su coste (de 113  a 500 millones de € y está sin terminar), pero si se llega a acabar, los zaragozanos seremos los principales paganos. La Loteta la hemos pagado entre todos los españoles eso si (zaragozanos incluidos), pero no hay perspectivas de recuperar el gasto ni en los bajos porcentajes típicos de este tipo de obras.

El caso es que sí pagamos el sistema de tuberías y depósitos intermedios en la parte no financiada por la UE, pero, ya que se traía en agua de tan lejos, se pensó en utilizarla para abastecer a otras poblaciones cercanas… o no tanto. En el proyecto se incluyó el abastecimiento a 50 poblaciones, próximas al Ebro, pero también en el Jalón (hasta La Almunia de Doña Godina y Ricla), en el Huerva (hasta Cariñena) y en el Gállego (Villanueva de Gállego).

En el sistema de abastecimiento también nos han metido la mano en el bolsillo mientras mirábamos donde estaba la bolita del trilero. Como hubo un listo que predijo que Zaragoza consumiría 132 Hm3 de agua al año en el 2012 (ahora Zaragoza y los 50 pueblos consumimos 60), se hizo una reserva del agua de Yesa por 132 Hm3/año, y pagamos a ACUAES una parte fija que es proporcional al volumen reservado. Más reservas más pagas. Aún tendremos que agradecerles que nos hagan un descuento del 55%, aunque Zaragoza solo gasta 29,3 Hm3 de Yesa (un 22% de lo reservado).

Los usuarios urbanos, por tradición administrativa (no basada en ley alguna), pagan cinco veces más que lo que pagan los regantes en cuestión de canon (por el uso de los embalses del estado) y tarifa (por el uso de canales, bombeos etc.). Así, por nuestra cara bonita estamos pagando el 70% de los gastos del sistema del Canal Imperial por usar apenas el 20% de los caudales; mientras el regadío paga el 30% por usar el 80% de los caudales del Canal. Y respecto al agua de Yesa pasa otro tanto: la factura urbana (Zaragoza y entorno) paga el 46% del total por usar apenas un 4% del caudal, mientras el regadío paga el 54% por usar el 96% del agua.

Pagamos además una derramas a la Comunidad General de Bardenas en concepto de no se sabe qué.

Y suma y sigue. Para llevar el agua de Yesa a Ricla o La Almunia, o Jaulín hay que bombear el agua (lo equivalente a 215 m para Magallón, 277 para Ricla o 546 para Cariñena). Sin embargo todos pagamos lo mismo de tarifa, lo que equivale a decir que Zaragoza subvenciona generosamente el abastecimiento a estas poblaciones.

¿Sabéis cuánto cuesta llevar el agua de Yesa a Cariñena por poner un ejemplo (descontado lo que ha aportado el Fondo de Cohesión)? 1,3 €/m3. ¿Sabéis cuanto pagarían? Igual que lo que pagamos todos: 0,069 €/m3. ¿Y quién paga el resto? Adivinas.

No queráis saber lo que tendremos que pagar los tontos de Zaragoza si se termina el recrecimiento de Yesa, si al final tenemos que pagar La Loteta, si Europa se pone seria con lo de la recuperación de costes de las obras hidráulicas, si sube la gasolina, si se aplica el Plan de Depuración…

Mil zaragozanos medirán desde sus casas la calidad del aire de diferentes barrios de la ciudad, para lo que colocarán macetas con plantas de fresas en sus ventanas, en una iniciativa denominada Vigilantes del Cierzo, un experimento de ciencia ciudadana puesto en marcha por la Fundación Ibercivis y el Ayuntamiento a través de Zaragoza Activa.

Para ello, se han regalado mil plantas a todos los interesados en Zaragoza Activa, en La Azucarera, han indicado fuentes municipales.

Además de la planta se les han entregado las instrucciones a seguir, un sobre franqueado prepagado y un cuestionario a rellenar para tener información sobre cada muestra.

Las hojas, indicativo de contaminación

Una vez recogidos estos materiales, solamente es necesario colocar las fresas en el exterior de la vivienda durante unos dos o tres meses y cuidarlas durante este tiempo.

Cuando los organizadores avisen, cada participante recortará unas hojas de la planta que serán enviadas por correo a Ibercivis para que se analicen en el laboratorio magnéticamente.

Viendo la cantidad de metales que se han depositado durante el tiempo de exposición en cada hoja se puede saber la contaminación de cada punto, y al tener unas mil macetas repartidas por toda la ciudad se conseguirá un estudio agregado más sobre la calidad del aire de la ciudad.

Ecología urbana

Vigilantes del Cierzo busca deliberadamente trabajar de forma distinta para complementar los estudios existentes desde la innovación ciudadana.

Además, una veintena de centros educativos de la ciudad repartirán macetas entre sus alumnos.

Con este proyecto de Vigilantes del Cierzo nace un nuevo grupo de trabajo residente en Zaragoza Activa sobre Ecología Urbana que será coordinado por Ibercivis, abierto a quien quiera plantear o llevar a cabo nuevas actuaciones en esta línea.

Organizaciones sociales denuncian la CORRUPCIÓN AMBIENTAL del gobierno Rajoy con los lobbies empresariales de la telefonía y las eléctricas en detrimento de la Salud Pública y el Principio de Precaución.

 

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) y la asociación Electro y Química por el Derecho a la Salud (EQSDS), han publicado el siguiente comunicado con motivo del Día Internacional contra la contaminación electromagnética:

La Administración del PP, a través del Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital, presentó en abril un informe del llamado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), auspiciado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), con gran difusión en los medios, que ningunea los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos en la salud y las recomendaciones institucionales proteccionistas.

Desde el ámbito social (vecinal, ecologista, de consumidores, de la salud, de personas afectadas, de madres y padres…), la PECCEM y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud, reclaman prudencia y rigor a los agentes sociales y medios de comunicación en la difusión de un informe sesgado sin consenso internacional y con notables y constatables incongruencias:

1.- La apuesta del Gobierno del PP a través del Ministerio de Energía por el CCARS, comité dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), es una apuesta por una organización opaca privada, sesgada por un criterio lobista empresarial, sin el más mínimo control ético ni de legalidad democrática.

El COIT, editor del informe del CCARS, no tiene como objetivo estatutario la defensa de la salud, sino sus intereses gremiales y, por extensión, de los lobbies empresariales relacionados.

El CCARS NO figura entre los Organismo Públicos de Investigación regulados por la Ley, ni cumple con requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.

El Ministerio de Energía, invade las competencias de coordinación en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad (y de las CC. Autónomas), sobre el “impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”, como la aplicación del Principio de Precaución, que contempla limitar o prohibir una actividad “cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo”.

2.- El informe del CCARS niega y banaliza miles de estudios científicos, revisados entre pares, acreditados en esta materia, desdeñando las llamadas al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y mostrando una urgencia desmesurada por zanjar un tema que sigue acumulando nuevas evidencias científicas. La desinformación del informe del CCARS impulsado por el COIT, manifiesta el conflicto de interés a favor de intereses industriales cortoplacistas, que allanan el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles a partir del CABLE y el LIFI.

 Asociaciones que representan a miles de médicos y más de 17 agencias gubernamentales de salud apoyan la reducción de la exposición a la radiación inalámbrica del teléfono móvil. Diferentes países europeos ya aplican alguna de las medidas proteccionistas solicitadas por la Resolución 1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, como prohibir las redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles (Francia, Chipre, y municipios como Hospitalet de Llobregat), o implantar sistemas de comunicación con luz visible, LIFI, como la instalada en el Hospital francés de Perpiñán.

La PECCEM y EQSDS requieren al Gobierno central y sus ministerios implicados que dejen de avalar actos y organizaciones de interés de parte, que vulneran ética y legalidad, y dar comienzo a un proceso participativo de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y salud.

 

(La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) se compone de Confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales (como CEAV, FRAVM, CAVA,...), colectivos ecologistas y ambientalistas (como los más de 300 grupos que componen la confederación de Ecologistas en Acción u organizaciones de implantación local como la APDR), asociaciones de padres y madres, de consumidores (como FACUA de Castilla y León), de personas afectadas de síndromes de sensibilización central como la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple (como EQSDS y SOS EHS-EASC) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la salud de la creciente contaminación electromagnética, como la asociación pionera AVAATE)

    Un operario muestra el funcionamiento de los contenedores.
  • Las primeras unidades empezarán a colocarse la semana próxima y serán gestionados por la empresa de inserción Recikla

El Ayuntamiento de Zaragoza duplicará en 2017 la instalación de contenedores de recogida de aceite doméstico usado, que alcanzará las 220 unidades. Será una campaña que alcanzará a casi todos los distritos de la ciudad. Las primeras unidades, hasta un total de 14, comenzarán a colocarse la próxima semana.

Así se amplía el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Adislaf y que gestiona la empresa de inserción social, Recikla. A través de esta iniciativa, se emplea a 26 personas, de las que 20 son personas con discapacidad intelectual. Con los nuevos contenedores, ese número se ampliará en seis trabajadores más.

Son datos aportados por el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, que, junto al presidente de Adislaf, José María López, han presentado las novedades en rueda de prensa.

Reparto por distritos

De esta primera tanda de contenedores, cuatro se distribuirán en Valdefierro, ocho en Casablanca, seis en Valdespartera, uno en Montecanal y dos en Miralbueno.

En enero será el turno de los otros 107 en emplazamientos localizados por el Ayuntamiento al lado de otros contenedores. El reparto llevará 12 al distrito Centro, en el Casco Histórico 11, otros 26 en Delicias, cinco en Universidad, en San José 21, otros 10 en Las Fuentes, en La Almozara cuatro, en el Arrabal 14 y en Santa Isabel tres unidades.

Con los primeros cien instalados en este primer año de funcionamiento se han recogido 130.000 litros en un año.

A eso hay que sumar 400 toneladas más en bares y restaurantes de Aragón. Según ha apuntado José María López, se cree que se podrían llegar a recoger hasta 2.000 toneladas.

Además de crear empleo, con esta iniciativa se reduce la huella ecológica que deja el aceite usado, al evitar que vaya a las depuradoras, donde es muy difícil de eliminar. Además, se crea un producto alternativo, porque se reutiliza para fabricar combustible o barnices, ha subrayado Cubero.

José María López ha agradecido el “entusiasmo” del Ayuntamiento en el proyecto y la apuesta “fuerte” por esta empresa de inserción y los discapacitados intelectuales, colectivo que registra una tasa de desempleo cercana al 50%.

Por Maribel Torrecilla Daniel.  Red de Agua Pública de Aragón

            La Cámara de Cuentas de Aragón (CC) ha hecho público su informe de Fiscalización del ejercicio 2015 del Instituto Aragonés del Agua (IAA).  En el apartado de gestión,  la CC fiscaliza el Plan Aragonés de Saneamiento y depuración (PASD). Aunque la  auditoría no alcanza nuestras expectativas (todo el PASD y todo el periodo de funcionamiento del IAA), la Cámara de Cuentas  extiende  alguno de sus  análisis a periodos anteriores y posteriores al año en el que centra su estudio.

            Desde 2004 el Gobierno Aragonés, en vez de contratar directamente las obras con fondos públicos,  optó por el método concesional en que una empresa financia, construye y gestiona durante 20 años la infraestructura. La CC entra a valorar qué influencia tiene este tipo de contrato, en qué medida se han cumplido los objetivos marcados en el Plan  y si es viable o no en el futuro planificado en el borrador de la revisión actual del Plan  (2014-2045).

            Lo que dice la CC es grave: "A la CC no le consta que el IAA haya realizado análisis de comparación de eficacia entre la gestión directa y la concesional",  sobre todo si, además, constata que el coste de construcción es casi el triple por concesión que por gestión directa y casi cuádruple el coste de explotación. Y más aún si en el informe de la CC sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2011 ya se cuestionaba el modelo de concesión seguido para la ejecución de las obras encomendadas por el Estado para las que el IAA contaba con la financiación estatal.

            El método concesional ha resultado decisivo para incumplir los compromisos. Ninguna de las 120 depuradoras en funcionamiento por concesión se terminó en los plazos previstos en los contratos. En tres zonas existe incumplimiento de contratos por parte de los concesionarios cuyos perjuicios no han sido debidamente reclamados por parte del IAA. El Pirineo acumula importantes retrasos e incidencias en su ejecución y al final de 2015 sólo se habían puesto en servicio 20 de las 297 plantas previstas. Al sistema de gestión concesional es imputable un sobrecoste estimado de 5,16 millones de euros (M€)  en el ejercicio analizado (2015).

            De las 1000 depuradoras previstas en el Plan, sólo 296 localidades tienen sus aguas residuales depuradas en 2015.  Los objetivos están claramente incumplidos.

            Respecto a la sostenibilidad económica,  la CC constata que, si Zaragoza no se incorpora al pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), el PASD será deficitario, al menos, en la cantidad que supone su importe.

             Por otra parte, durante los años 2008-16, la Comunidad Autónoma (CA) ha recibido fondos estatales por importe de  unos 142 M€ . De estos ingresos, las cantidades dedicadas a saneamiento ascienden a 28 M€.  La aportación del Estado está condicionada a la completa ejecución por  parte de la CA, y con cargo a sus recursos propios, de las obras del Pirineo y del Plan Especial de Depuración antes del fin de 2016. Existe riesgo de tener que  reintegrar cantidades abonadas por el Estado debido al incumplimiento del convenio.

            Por último, no se consideran otros gastos como la amortización de las instalaciones, el gasto anual de gestión del IAA (que la CC considera imputables al PASD) o los gastos de depuración en Zaragoza capital (dado que sí se considera su aportación). 

            La sostenibilidad económica es, pues,  más que dudosa.

            El informe destaca también el sobredimensionamiento de las instalaciones, y aspectos de falta de legalidad como la inexistencia de certificaciones de obra o el pago de indemnizaciones no justificadas.  

            En el apartado de contabilidad se enumeran 21 incorrecciones contables. Citaré sólo una de ellas:   Las 4 centrales de purines no pueden figurar en la contabilidad como "gestionadas para otros entes públicos" porque  son del IAA. No han empezado a funcionar. Dos de ellas presentan incrementos de  construcción de 60% y 76%. Los 28 M€ de esta inversión no productiva, se han financiado con recursos estatales del Convenio Ministerio-DGA de 2008-

            En el apartado relacionado con  el control de la Legalidad se destacan 17 incumplimientos legales. Por ejemplo:

            En las mesas de los contratos analizados no estuvieron presentes, ni siquiera el mínimo legal: Presidente, Secretario y los dos vocales de asesoramiento: jurídico y control económico. 17 contratos de emergencia analizados deberían haber seguido la tramitación ordinaria y no la de emergencia con adjudicación directa del contrato.  SARGA factura al IAA sin detallar los costes. La Cámara de Cuentas ha analizado la contabilidad de SARGA  comprobando que gastó hasta un 45,9% menos de lo cobrado al IAA.

            El Informe concluye con  una recomendación que más bien parece una reprimenda.

"La CC recomienda al Gobierno Aragón que, antes de acometer la ejecución de grandes planes y proyectos (como el PASD) realicen  los estudios, análisis y evaluaciones previas suficientes  (antes de la licitación)  sobre las ventajas e inconvenientes jurídicos, económicos, administrativos y de gestión de las distintas alternativas contractuales disponibles para su desarrollo.  Cuando el modelo elegido para el desarrollo de estos grandes programas de inversión suponga formalizar contratos de muy larga duración (veinte o más más años) que condicionen el margen presupuestario y la capacidad de decidir sobre el modelo de gestión de futuros gobiernos, también se recomienda implantar un mayor control de las Cortes de Aragón".

Ante el cúmulo de incorrecciones  contables, de legalidad y de gestión alumbradas en un año como el 2015, de baja actividad presupuestaria, es absolutamente necesario que la  comisión de investigación en las Cortes amplíe el estudio a la gestión de todo  el PASD y a todo el periodo de existencia del IAA, de forma que puedan depurarse responsabilidades por el fracaso económico y daño medioambiental. A la Fiscalía corresponderá  el trabajo de actuar si, en el transcurso de esa investigación, aparecen indicios de conductas y hechos que queden en su ámbito de actuación.

Desde la Red de Agua Pública de Aragón esperamos que se exijan las responsabilidades y penalizaciones previstas en los contratos de concesión en los casos de incumplimiento de contrato (como recomienda la propia CC), que se elabore un nuevo Plan que cambie radicalmente el modelo de contratación, que estudie la posibilidad de utilizar técnicas de depuración más eficientes, que fomente la participación responsable de los Ayuntamientos, que devuelva las competencias a los municipios que lo soliciten, que estudie la posibilidad  de rescatar la gestión concesional y, sobre todo, que establezca otro modelo más justo que el actual para financiar la depuración del agua, derecho humano vital.

Uno de los aparcabicis del Ayuntamiento en la ciudad.
  • Esta actuación forma parte del programa de refuerzo de aparcamientos para estos vehículos y acercará a 4.000 el total de los disponibles en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza está instalando estos días 350 nuevos aparcabicis, una operación que ha iniciado hace dos semanas y que concluirá a finales de año. Con esta campaña, los ciclistas urbanos contarán así este año con 700 plazas más de aparcamiento para las bicicletas de particulares.

Esta actuación forma parte del programa de refuerzo de aparcabicis, previsto en el Plan Director de la Bicicleta, al que la concejalía de Movilidad se ha propuesto dar un “firme impulso este año y el próximo, en el que está previsto instalar la misma cantidad”, ha avanzado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

En la actualidad, la ciudad con algo más de 4.000 aparcamientos para bicicletas, por lo que en 2017 se prevé que el número se aproxime a los 5.000 soportes y 10.000 plazas de aparcamiento.

Criterios

La ubicación de los aparcabicis se ha elegido a partir de tres criterios. Uno de ellos son las peticiones de entidades vecinales y ciudadanas para cubrir zonas con necesidad de esta infraestructura. Es el caso de Arcosur, donde ya han llegado los primeros 15 soportes en cinco puntos del barrio.

Otro criterios son las solicitudes de personas a título particular, que se han dirigido a la Oficina de la Bicicleta para exponer demandas concretas que han sido estudiadas y consideradas viables.

El tercero es un estudio realizado por la Oficina de la Bicicleta, que ha detectado puntos saturados (casos de plaza España, el Hospital Miguel Servet o el edificio Trovador) o infradotados, especialmente en el entorno de centros educativos, culturales, comerciales, sanitarios o de ocio.

Presupuesto y modelo

 La dotación económica de este programa para 2016 ha sido de 18.000 euros, con cargo a la partida de promoción de la bicicleta de Zaragoza Deporte.

El modelo que se está instalando es de “U invertida”, el mismo que se viene utilizando en Zaragoza hace años, ya que se considera el más sencillo, seguro y versátil, al colocarse por unidades sueltas que permiten una completa adaptación a la demanda y características del espacio elegido.

 

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